Reflexiones ciudadanas.

Este es el texto de la ponencia que presentaré mañana aquí. Ojo!, por ahí me levanto en un rato, me como una manzana y se me ocurre algo un poco más decente. Por suerte voy con Lucas, que acaba de confirmarme que alcanzó a ir a la peluquería.

Desde que el Poder Ejecutivo decidió impulsar el proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que nos convoca, en nombre de la república, las instituciones, el federalismo, la legitimidad, la legalidad, el consenso, la supuesta falta de disposición para el diálogo, y con la logística mediática de los grupos directamente afectados, numerosas voces se levantaron con diversa intensidad para criticar y cuestionar diversos aspectos de la iniciativa.

Desde la defensa de los derechos adquiridos, el mantenimiento de la seguridad jurídica, el respeto de los acuerdos contractuales, la acusación de un ajuste de cuentas con determinado grupo, la indignada denuncia de beneficios para amigos del gobierno, la novedosa manera de ordenar los derechos humanos, la comparación con los regímenes imperantes en los “países serios”, la teoría del reemplazo de un monopolio privado por uno estatal, el cuestionamiento a los procedimientos formales, el reclamo de mayores espacios de debate (debate al que luego no asisten), la identificación de los intereses empresariales con los sociales, el aprovechamiento de la coyuntura inmediata por parte de los apóstoles de las políticas de estado – de largo plazo, aclaran por si hiciera falta. La curiosa preocupación por “la pobreza” y estigmatización de los pobres, por peligrosos, por delincuentes, por vagos.

En fin, hay un punto en que todos los participantes en estos debates debemos coincidir: inesperadamente la discusión política – al modo argentino – ha vuelto a ganar la primera plana de la sociedad. Asistimos entonces a uno de los capítulos más notables de nuestra historia política moderna y lo hacemos al mismo tiempo en que muchos otros países cuestionan y discuten sus ordenamientos legales en ésta materia.

Contradiciendo el cuestionamiento acerca de la brevedad del tratamiento y del debate, creo adecuado recordar la existencia de diversos proyectos, algunos de carácter integral, otros más específicos, todos con destino de archivo, exceptuando las modificaciones establecidas por Menem que, a tono con el Consenso de Washington, permitieron consolidar un proceso de concentración que fulminó a la mayoría de las empresas periodísticas locales y regionales, obligándolas a subsumirse pseudo-voluntariamente en las reglas, contratos y márgenes de los grandes tiburones comunicacionales.
Aunque algunos opositores al proyecto no se hayan dado por enterados, desde la presentación de la iniciativa en forma de anteproyecto, se realizaron 24 foros de consulta pública, en todas las provincias y se realizaron decenas debates que permitieron receptar e incorporar más de 250 modificaciones al proyecto original , tales como las de los artículos 9, 10, 12, 15,17,18,23, 25, 76 etc, etc.

Los aportes, incluso los aportes en tono crítico de algunos sectores de la oposición, fueron valorados e incorporados, tales como la inhabilitación para el ingreso de las telefónicas y las empresas prestadoras de servicios, el establecimiento de topes al reparto de la publicidad oficial a los licenciatarios privados con y sin fines de lucro, la creación de un fondo destinado al Instituto Nacional de Música, el control de las emisiones radioeléctricas de las empresas de comunicación y las modificaciones introducidas en la integración de la autoridad de aplicación. La fijación de cupos para contenidos artísticos de producción nacional, de producción propia, de contenidos educativos, culturales o de bien público, la producción de noticias y publicidades del ámbito local y la generalización del subtitulado oculto para personas con dificultades auditivas, constituyen en líneas someras algunas de las principales transformaciones que introducirá el nuevo ordenamiento.
Aún así, buena parte de la oposición se prestó al juego de los intereses empresariales y a la hora del debate en la Cámara de Diputados no encontró mejor argumento que la huída e, incumpliendo el reglamento, se ausentó del debate, actitud que terminó impidiendo concretar varias de las modificaciones que ellos mismos exigían. La iniciativa que hoy analizamos y cuya aprobación impulsamos debe ser entendida entonces como una pieza clave de una estructura social, política y económica que requiere de muchas e importantes reformulaciones.
No hay transformación sin resistencia ni esfuerzo. Están en juego intereses poderosos, actores que tutelados por un orden legal hecho a la medida han visto multiplicar sus márgenes exponencialmente. Está claro que no se trata de amor o de ideales, ni de principios ni de sueños juveniles. Se trata, en fin, del conflicto que genera la posibilidad de remover una de los componentes estructurales que han mantenido sordos, ciegos y mudos a las mayorías nacionales, haciéndonos creer que un sonriente comunicador que se presenta como un “amigo” será incapaz de faltar a la verdad, que la participación popular es lo mismo que un gran sorteo telefónico, que la sociedad rural se desvive por los pequeños productores o que los dinosaurios están vivos.

La iniciativa que propiciamos no sólo removerá el vicio original de la actual norma, sino que la superará cualitativamente al contemplar las nuevas tecnologías comunicacionales, aún cuando nadie de los presentes se arriesgaría a predecir el límite de sus posibilidades. Crea una autoridad plural que, a través del Consejo Federal, contará con un grado de participación y representación inédito. La figura de la defensoría del público con legitimidad para actuar ante la justicia establece una instancia de protección y equilibrio. La apertura de espacios para los medios comunitarios, el establecimiento de límites a los monopolios presentes y futuros y la fijación de cupos sectoriales que permitirán – en algunos casos por primera vez – otorgar espacios a organizaciones sociales que hoy sólo pueden llegar a la pantalla o al micrófono por el favor de algún periodista amigo, y siempre que no se les ocurra cuestionar algún poder público o privado.

A pocos días del tratamiento del proyecto en el Senado de la Nación todas las alternativas que permite el sistema democrático están abiertas. Nosotros preferiríamos ser testigos de una aprobación, sanción y ejecución en los menores tiempos posibles; pero también somos concientes de la dimensión y la complejidad de la empresa, sabemos además que la historia no empieza ni termina con nosotros y por eso, sabiéndonos aprendices estimamos necesario recurrir a las enseñanzas de nuestros mejores maestros, como Scalabrini Ortíz quien nos advirtió: “En un país empobrecido, los grandes diarios son órganos de dominio colonialista. El periodismo es quizás la más eficaz de las armas modernas que las naciones eventualmente poderosas han utilizado para dominar pacíficamente hasta la intimidad del cuerpo nacional y sofocar casi en germen los balbuceos de todo conato de oposición. Su acción es casi indenunciable porque fundamentalmente opera, no a través de sus opiniones, sino mediante el diestro empleo de la información que por su misma índole no puede proporcionar una visión integral y solo transfiere aquella parte de la realidad que conviene a los intereses que representa”.