Cambiando las reglas sin parar

Leemos:

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzará a aplicar a los productores rurales que exploten su campo, no sólo el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (GMP), sino también el Impuesto a los Bienes Personales, como consecuencia de una interpretación del organismo recaudador sobre el alcance de las "explotaciones unipersonales".

En cambio, aquellos contribuyentes que presenten una sociedad de hecho, arrienden la tierra o no la trabajen, quedarán exentos del pago de Bienes Personales pero seguirán pagando Ganancia Mínima Presunta.

El Tribunal fiscal emitió un fallo que estableció que debe pagarse el tributo a los Bienes Personales sobre inmuebles rurales en caso de que hayan sido explotados por sus dueños a través de una empresa unipersonal.

La Ley de Ganancia Mínima Presunta se aplica a las sociedades, empresas o explotaciones unipersonales de cualquier actividad y alcanza a los inmuebles rurales más allá de cuál sea su destino, según explicó Santiago Sáenz Valiente, del estudio Sáenz Valiente & Asociados, en declaraciones al diario El Cronista Comercial.

Hasta ahora, los productores rurales "entendían" que los campos siempre estaban alcanzados por el tributo a la Ganancia Mínima Presunta y exentos de Bienes Personales.

El reclamo de la AFIP surgió cuando el organismo interpretó que la Ley de Bienes Personales establece que deben pagar ese impuesto todas las personas físicas por sus bienes, inclusive los patrimonios de empresas y explotaciones unipersonales por lo que el contribuyente al que se le reclamó el pago debería haber incluido en su declaración el valor del inmueble rural destinado a la actividad rural, lo que fue convalidado por el tribunal fiscal.

Una de las consecuencias que se desprenden del "conflicto con el campo", ya sea en su etapa de máxima intensidad como en éste período de transición hacia el 11D, en que la derecha imagina que el campo será un inmenso oreganal, es que el Estado ajustó y en elgunos casos reasumió el manejo de decenas de mecanismos e institutos legales que estaban conducidos con un criterio de autoservicio. Así, por ejemplo, los mismos productores administraban, a través de FAA, una importante porción de las cartas de porte, instrumentos fundamentales para el control del transporte y la carga de sus productos. Conviene recordar que la determinación de otorgar las CdP en forma gratuita no solo permitió reducir un costo administrativo a los productores, sinó que ambién permitió descubrir a muchos hombres de campo que, mientras figuraban en sus declaraciones como simples monotributistas, remitían a los acopios decenas de equipos a su nombre.

En el caso que nos ocupa hoy sucedía algo similar, los productores - asesorados por sus contadores - "interpretaban" los alcances de una norma fiscal. Algo así como si los sujetos del derecho penal fuesen - por una tradición absurdo - quienes tuviesen la postestad de interpretar el código. Acaso para interpretar semejante cosa haya que acudir a las fuentes de la sociología en busca de alguna explicación de esa burda zoncera que nos puso en la cabeza aquella maestrita de segundo grado, la tarde que nos explicó que "el campo es la patria", después de hacernos dibujar una vaca.

Consecuentemente con la nueva interpretación, veremos desaparecer rápidamente los últimos establecimientos agropecuarios uninominales, al tiempo que florecerán múltiples figuras asociativas intra y extrafamiliares, mientras las nuevas maestras de segundo grado deberán ajustar su discurso para enseñar que, ahora más que nunca, el campo es una sociedad anónima.