Marce, Feli, pongan el bracito...

Los legisladores aprobaron la denominada Ley de ADN con 57 votos a favor y uno en contra. La norma autoriza a la Justicia ordenar la obtención de ADN de imputados o víctimas de violaciones a los derechos humanos , más allá sus voluntades. La Cámara de Senadores convirtió en ley, con una mayoría contundente, los proyectos de derechos humanos que autorizan a la Justicia ordenar la obtención de ADN de imputados o víctimas, más allá sus voluntades.

En un extenso debate, los legisladores aprobaron la denominada Ley de ADN con 57 votos a favor y uno negativo, gracias al respaldo en general de todos bloques opositores a excepción del senador por Salta Agustín Pérez Alsina.

La norma modifica el artículo 218 bis del Código Penal para permitir que el juez ordene el secuestro de objetos que contengan células desprendidas del cuerpo de personas de las que se sospeche que su identidad fue alterada. El proyecto establece que el juez que intervenga en causas por violaciones a los derechos humanos "podrá ordenar la obtención de ADN del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación".

"Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la salud de la persona", afirma el texto. A la vez, faculta a la Justicia para "ordenar la obtención de ADN por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal".

La discusión se centró fundamentalmente en la forma judicial de conseguir las pruebas de ADN debido a que los opositores a la iniciativa cuestionaron la "contradicción con el sistema penal argentino". Sin embargo, la norma contó con un fuerte respaldo legislativo, y a pesar de haber tenido esa impronta llamó la atención la ausencia de representantes de organismos de Derechos Humanos en los palcos del recinto, a diferencia de la aprobación en Diputados.

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Rubén Marín, defendió la medida del oficialismo al relativizar los derechos de los victimarios por sobre los de los familiares de las víctimas. En ese tren, comparó el derecho que tiene el Estado para realizar controles de alcoholemia a los conductores de autos en el marco de la seguridad vial.

El jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que la propuesta de obtención de ADN "es una propuesta moderada, prudente y razonada que deja en las manos del juez la decisión final".